OCW UNED

PRESENTACIÓN

- El curso que aquí presentamos ofrece a los alumnos en él matriculados la posibilidad de conocer  y analizar la regulación/situación de los derechos de los reclusos en los centros penitenciarios.

  - Ni que decir tiene que la situación de reclusión per se no determina la desaparición o suspensión de los mismos durante dicho período; en todo caso, resulta evidente la necesidad de su modulación con la seguridad y buen orden regimental de los centros penitenciarios.

 - No fue ajeno el Constituyente a la necesidad de establecer previsiones específicas relativas a este colectivo, no en vano contempló de manera expresa que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”.  

- A esta importante precisión añadiría inmediatamente a continuación que “el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo (arts. 14 a 38) a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”.

- De una forma un tanto más utópica, y criticable por su ubicación, incorporó también la previsión de que “en todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social”; de manera más razonable y plausible señalaría también que tendría igualmente derecho “al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

- La relevancia de esta materia se observaría también tras la aprobación del texto constitucional, puesto que la primera Ley de carácter orgánico en ser aprobada no fue otra que la Ley General Penitenciaria (L.O. 1/1979, de 26 de septiembre), ley que nos introdujo en la línea del moderno derecho penitenciario. Como acertadamente reflejaría la exposición de motivos del proyecto de ley “el penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continua formando parte de la misma, incluso como miembro activo, si bien sometido a un particular régimen jurídico encaminado a preparar su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercitar socialmente su libertad”. Su desarrollo reglamento sería igualmente temprano (R.D. 120/1981, de 8 de mayo); el vigente reglamento data de 1996 (R.D. 190/1996, de 9 de febrero).

- El Tribunal Constitucional, en su abundante jurisprudencia en la materia, ha calificado (no entraremos ahora en su análisis) de “relación de sujeción especial” el vínculo que uniría al recluso con la administración penitenciaria. De esta forma, se integran éstos en una institución preexistente que proyectaría su autoridad sobre aquellos, adquiriendo el estatus específico de individuos sujetos a un poder público que no sería el que, con carácter general, existiría sobre el común de los ciudadanos. Acontecería en consecuencia una relativización de la reserva de ley. Ello sería consecuencia del carácter insuprimible de la potestad reglamentaria en ese ámbito, en orden a determinar en concreto las previsiones legislativas abstractas sobre las conductas identificables como antijurídicas. Sirviéndonos de la definición recogida en la normativa penitenciaria, “el interno se incorpora a una comunidad que le vincula de forma especialmente estrecha, por lo que se le podrá exigir una colaboración activa y un comportamiento solidario en el cumplimiento de sus obligaciones”.

- Dicho colectivo puede ser objeto en consecuencia de limitaciones en sus derechos constitucionales que no serían de aplicación a ciudadanos comunes. Estas limitaciones no pueden tener evidentemente un carácter arbitrario, sino que su delimitación concreta y restricción debe encontrarse justificada, ser necesaria y proporcional con el fin perseguido. Este fin no puede ser otro, como apuntamos supra, que velar por la seguridad y buen orden regimental del centro penitenciario, al corresponder a la Administración Penitenciaria la retención y custodia de los reclusos.

- Sin entrar en cuestiones dogmáticas sobre tal “conceptualización” lo cierto es que todo ello en el bienentendido de que esa acotación o restricción no habrá de ser la norma, sino la excepción, sobre la base del valor preferente de dichos derechos. Y es aquí donde se encontraría el elemento determinante de toda esta cuestión y en consecuencia donde centraremos nuestros esfuerzos a lo largo del presente curso.

- Para terminar esta breve presentación, no queremos dejar de lado un tema ciertamente importante, en absoluto indiferente sobre el tema que nos ocupa, y al que el propio Defensor del Pueblo se ha referido en sus últimos informes: el incremento continuo de la población encarcelada.
Cinco mil reclusos más en los últimos nueve meses, para un total de setenta y dos mil. De ellos, alrededor de un 20% serían presos preventivos. Evidentemente, si  este incremento en la población de los reclusos no se ve acompañado de un incremento proporcional del presupuesto destinado a la Administración penitenciaria y especialmente de la construcción de nuevos recintos penitenciarios la efectividad de estos derechos se ve seriamente amenazada. Un ejemplo claro sería su derecho a la intimidad, y su vinculación con el principio celular. Setenta y dos mil reclusos repartidos a día de hoy en ochenta y dos centros penitenciarios.
La alta densidad existente a llevado a que en uno de los más recientes Informes del Defensor del Pueblo se haya señalado la necesidad de una adecuada y eficaz  política de creación de centros penitenciarios.
Vinculado a esta cuestión se encuentra igualmente la posibilidad de articular “alternativas de control personal” sobre la base de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (sistemas telemáticos), cuestión que podría ser un elemento eficaz en orden a frenar la saturación de los centros.